Entre 2010 y 2011, varios funcionarios del Gobierno del Estado de Nayarit, con la probable complicidad del entonces Gobernador Ney González Sánchez, implementaron un esquema corrupto para desviar 89 millones 473 mil 440.57 pesos del erario público. Este entramado quedó evidenciado en una reciente sentencia que resultó en la negación de un amparo por parte del Juzgado Segundo de Distrito en Tepic, como se informó en una investigación previa.
La operación se desarrolló de la siguiente manera: Ney González, en su calidad de garante de los fondos públicos estatales, presuntamente permitió que la Directora General de Tesorería emitiera cheques por concepto de gastos a comprobar, a nombre del Director General de Administración. Este director tenía la tarea de justificar los gastos mediante facturas que eran reportadas por la Directora General de Prensa. Las solicitudes de trámite de pago se dirigían al Secretario de Administración, Florencio Román Messina, y en ocasiones a la Directora General de Tesorería, para que se realizaran los pagos a los proveedores, certificando la autenticidad de las facturas.
Los documentos se entregaban al funcionario responsable de realizar los pagos, pero en lugar de efectuar pagos reales a proveedores, los fondos se abonaban a una cuenta de deudores diversos. Esto se hacía mediante oficios dirigidos a la Directora General de Tesorería, quien autorizaba estos movimientos. Luego, las facturas se enviaban sin documentación adicional al Director de Contabilidad, quien a su vez, remitía los documentos al Coordinador General de Contabilidad y Presupuesto para su registro en la cuenta de deudores diversos.
Este complejo sistema de falsificación de documentos y creación de proveedores ficticios permitió el desvío de fondos públicos bajo la supervisión y probable anuencia de Ney González Sánchez. La orden de aprehensión, emitida en noviembre de 2022, y la reciente negación del amparo subrayan la gravedad y extensión de la corrupción en el gobierno estatal durante ese periodo.
